Entre los ecuatorianos que he tenido ocasión de conocer y tratar durante doce meses vividos en Quito abunda la gente buena y la buena gente. Muchos de ellos –colegas de trabajo, vecinos, compañeros ocasionales- han pasado a engrosar mi ya dilatada lista de amigos.
Pero también he podido registrar casos singulares, enlazados todos por circunstancias coincidentes: el descaro –la desvergüenza- con que persiguen sus intereses (no siempre legítimos) aun a costa de violar los derechos de otras personas, sin que les importe poco ni mucho el daño que puedan causar, ni la existencia de normas que se supone de obligado cumplimiento.
Me atrevería a decir que en el Ecuador, como en otros países que conozco bien (México y Colombia, por ejemplo), no ha arraigado una cultura jurídica capaz de garantizar a los ciudadanos el respeto y la seguridad que debería proporcionar el ordenamiento legal.
Me reservo para otro momento el detalle de las irregularidades administrativas imputables a Senescyt en un contexto de tanta relevancia como el Proyecto Prometeo.
Más reciente es una peculiar experiencia sufrida cuando MGA* -la propietaria de un inmueble que alquilé en la Av. República de El Salvador como residencia familiar, exigió para la devolución de la garantía el cumplimiento de requisitos que no figuraban en el contrato de alquiler. La condición incluida en él de devolver el departamento en las condiciones en que se recibió, salvo desperfectos ocasionados por el uso ordinario, fue transformada unilateralmente por la desaprensiva propietaria del inmueble en la obligación de pintar íntegramente el departamento y de volver a limpiar una alfombra que ya estaba limpia y unas instalaciones que también lo estaban, bajo la coacción de no devolver la cantidad entregada como garantía.
Tan atrevida y desvergonzada exigencia se explica sólo por la persuasión de la inutilidad de que el inquilino acometiera un procedimiento jurídico contra esa arbitrariedad.
Yo soy un hombre pacífico, pero cada vez entiendo mejor cómo hay gente desesperada que recurre a procedimientos “expeditivos” para cobrar deudas de morosos o para protegerse de abusos de quienes se sienten protegidos por la inoperancia de los operadores jurídicos.
Vienen a la mente las palabras de Cicerón, exasperado por el proceder inicuo de Catilina: Quo usque tandem abutere, Catilina, patientia nostra?
* No parece que sea el caso de identificar a esa persona, exponiéndola al público descrédito, aunque sí procuraré la información necesaria a quienes lo soliciten, de modo que no vayan a caer en las trampas que refiero en el texto.
MANUEL FERRER 